Los cambios fueron aprobados por el Poder Legislativo en abril pasado.

México (Marcrix Noticias)-El presidente Andrés Manuel López Obrador ha oficializado importantes modificaciones a la Ley de Amparo y la Ley de Amnistía, publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Estas reformas están dirigidas a fortalecer las capacidades del Estado en la resolución de casos relevantes y la aplicación de justicia.

En cuanto a la Ley de Amparo, se ha añadido un último párrafo al artículo 148, estableciendo que en juicios que determinen la inconstitucionalidad de normas generales, las suspensiones no tendrán efectos generales. Además, se derogó el último párrafo del artículo 129. La nueva disposición del artículo 148 estipula:

“Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales.”

Por otro lado, la Ley de Amnistía ha sido modificada para permitir que el titular del Ejecutivo otorgue amnistía a individuos que proporcionen información útil y comprobable en casos de relevancia para el Estado Mexicano. Para la concesión de la amnistía, se deben cumplir dos requisitos principales:

  1. La amnistía debe otorgarse a personas que aporten elementos comprobables útiles para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado Mexicano.
  2. La persona o personas deben estar procesadas, haber ejercido la acción penal en su contra, o encontrarse sentenciadas por cualquier delito.

La amnistía concedida extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas previamente. Esta reforma tiene como objetivo principal beneficiar a aquellos que colaboren con información crucial para esclarecer el Caso Ayotzinapa y localizar a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

Estas medidas representan un esfuerzo significativo por parte del gobierno de López Obrador para promover la justicia y resolver uno de los casos más emblemáticos y dolorosos en la historia reciente de México. La implementación de estas reformas será crucial para evaluar su impacto en la mejora de los procesos judiciales y en la lucha contra la impunidad.

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