La Cancillería documentará las posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes en ese estado
Ciudad de México (Marcrix Noticias).— El Gobierno de México manifestó su rechazo a la ley SB 1718, la cual entró en vigencia este sábado en Florida y que castiga con severidad a los inmigrantes indocumentados y a quienes los ayuden.
“Se considera que la SB 1718 afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanas exacerbando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante. Esta medida no refleja su valiosa aportación a la economía, sociedad y cultura de Florida, y del país”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
La dependencia aseguró que la criminalización no es el camino adecuado para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada.
Dijo que la existencia de mercados laborales transnacionales y la intensidad de lazos comerciales y turísticos entre México y Florida no pueden ser ignorados por mediadas “inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco”.
La ley afectará a la relación bilateral entre los países vecinos, pues México y Estados Unidos se han esforzado en construir de manera conjunta “caminos de tolerancia, seguridad y respeto”.
Pero la SB 1718 aleja a ambos países, dijo la cancillería.
“El Gobierno de México utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de las personas mexicanas en Florida. Se estarán reforzando nuestras acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica, y continuaremos velando por los intereses de toda nuestra comunidad, indistintamente de su condición migratoria”, sostuvo.
Adelantó que con el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos, México registrará los posibles casos de violaciones de los derechos de mexicanos en Florida y se dará a las personas migrantes toda la información acerca de la nueva ley.
La legislación contra la inmigración ilegal promulgada por el gobernador Ron DeSantis establece que quien transporte a alguien que ingresó ilegalmente al país podría enfrentar una sentencia de cinco años de prisión o una multa de cinco mil dólares por persona.
De acuerdo con la cadena CNN, la ley exige a las empresas con al menos 25 empleados que verifiquen el estado migratorio de los trabajadores en una base de datos federal llamada E-Verify, y crea sanciones para los empleadores que a sabiendas den trabajo a “extranjeros no autorizados”.
(Con información de López Dóriga Digital y CNN)