Buscarán que enmienda electoral se discuta en 2023

Por tratarse de cambios a la legislación secundaria, Morena y sus aliados del PT, PVEM y PES tienen los votos necesarios para que la reforma se apruebe también en la Cámara alta.

El autodenominado bloque de contención en la Cámara de Senadores, integrado por el PAN, PRI, MC, PRD y senadores sin partido político, impedirá que, como sucedió en la Cámara de Diputados, la minuta que reforma la legislación secundaria en materia electoral se desahogue con dispensa de trámites para acelerar su votación.

Cámara de Senadores Foto: Agencias/ Internet

Así lo informaron en conferencia de prensa conjunta Julen Rementería, Miguel Ángel Osorio Chong, Clemente Castañeda y Miguel Mancera, coordinadores de los grupos parlamentarios panista, priista, emecista y perredista, respectivamente, y el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza, para quienes la enmienda debe analizarse en forma exhaustiva y votarse hasta el siguiente periodo de sesiones ordinarias a realizarse del 1 de febrero al 30 de abril del próximo año.

Y descartaron la realización de un periodo de sesiones extraordinarias para aprobar los cambios a la legislación reglamentaria en materia electoral, ante la terminación, a más tardar el próximo 15 de diciembre, del periodo ordinario en curso.

A pregunta específica, Rementería reconoció que lo más que puede hacer el bloque de contención con los votos que representa es impedir que la minuta se desahogue de manera directa en el pleno, sin pasar por comisiones, pero no que el decreto se vote una vez dictaminado en comisiones porque para que eso suceda no se requiere de votación calificada de votos; es decir, que así se acuerde por el equivalente a los dos tercios de los votos del pleno cameral.

“Con el voto mayoritario en comisiones, se aprueba (el decreto), y se puede llegar a aprobar con el voto mayoritario”, dijo, porque solo se requiere de votación mayoritaria no calificada, y anunció que ante dicha eventualidad la oposición convocará a la movilización ciudadana; “ahí es donde entra la sociedad”.

Por tratarse de cambios a la legislación secundaria, Morena y sus aliados del PT, PVEM y PES garantizan su aprobación por mayoría de votos.

Sin presiones

Previamente, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara alta y coordinador de Morena ya había anunciado que la minuta referida se analizará por los senadores con responsabilidad y sin presiones.

Aseguró también que, hasta el mediodía de ayer, nadie del poder Ejecutivo federal lo había presionado para acelerar la votación de los cambios aprobados en la madrugada por los diputados federales.

Pero aun cuando hubiera presiones, adelantó, el Senado no las aceptaría.

“El Senado actuará con serenidad (…) no habrá atropellamiento, vía rápida (…) y vamos a procurar que sean escuchados todos los grupos parlamentarios”, dijo.

Los 457 artículos a modificar, estableció, merecen ser analizados por los senadores en una “discusión amplia, respetuosa, seria, con buen juicio y ponderación”.

Hasta el cierre de la edición, el Senado no había recibido de la Cámara baja, de manera formal, la citada minuta, que será enviada a comisiones para su dictaminación, aunque se prevé su votación en la sesión del pleno cameral del próximo martes.

Aprobación en San Lázaro

Las bancadas de Morena y aliados, el PT y PVEM, en la Cámara de Diputados, aprobaron la madrugada del miércoles, vía fast track el llamado “plan b” del presidente Andrés Manuel López Obrador que reduce áreas del Instituto Nacional Electoral (INE), así como sus facultades.

El proyecto, que estaba integrado por dos iniciativas para reformar diversos Ordenamientos en Materia Electoral, así como cambios a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a través de modificaciones a leyes secundarias, fue aprobado con 267 votos a favor, 219 en contra y cero abstenciones.

Entre las modificaciones se establecen, entre otras cosas, el garantizar el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva; limitar las acciones “arbitrarias” tanto del INE como del TEPJF respecto de interpretaciones ajenas a la ley que afecten la libertad de expresión de los políticos.

Se blinda el registro de los partidos políticos, al plantear que aquellos que no obtengan al menos 3% del total de la votación válida les será cancelado el registro, a menos que hayan conservado este mínimo como partido local en más de la mitad de los estados.

Asimismo, se establece la posibilidad de que los partidos se transfieran votos de una “candidatura común” y “los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos” para no perder su registro.

Texto/ Fotos: Rolando Ramos y Maritza Pérez / El Economista / https://www.eleconomista.com.mx/ Foto: Agencias / Internet

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