La propuesta busca que en menos de dos meses se resuelva si son procedentes o no y que las audiencias sean públicas
Chetumal (Marcrix Noticias).- Que el dictamen de procedencia o improcedencia de una solicitud de juicio político tenga un plazo no mayor a 60 días y que las audiencias de pruebas y alegatos sean públicas son algunas de las modificaciones que conforman la iniciativa de reforma a la Ley de Juicio Político, presentada por el diputado petista Hugo Alday.
De acuerdo con el también presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, dicha propuesta está focalizada en la modificación de plazos a fin de agilizar estos procedimientos “y establecer términos específicos que anteriormente no existían”,
Cabe destacar que, hasta el momento, la Comisión de Justicia tiene conocimiento de 22 expedientes de juicio político, con 12 ya resueltos en un año y 2 en revisión, algunos de los cuales podrían ser desechados debido al vencimiento del plazo para determinar una sanción, según la Constitución del Estado.
En ese sentido, Alday explicó que la iniciativa aborda la falta de plazos concretos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que permitía la ratificación del juicio político en tan solo tres días, dejando después un período sin límite temporal.
“Con esta reforma, se propone imponer un plazo definido de 60 días para que la Comisión de Justicia determine la procedencia o no del juicio político, buscando así acelerar el proceso y asegurar una resolución oportuna”, detalló el diputado.
Una novedad adicional, es la creación de un plazo de 15 días hábiles para la instalación de la Comisión de Proceso Jurisdiccional, una vez que la Comisión de Justicia haya emitido su dictamen.
“Esta nueva comisión se encargaría de estudiar, analizar y determinar la procedencia de la denuncia, proporcionando al denunciado, información sobre sus derechos y las pruebas admisibles en el procedimiento”, dijo el legislador.
Esto permitiría que el Pleno se constituya como jurado de sentencia para debatir y votar sobre la resolución correspondiente, incluida la posibilidad de inhabilitación o separación del cargo e inhabilitación hasta por 20 años del imputado.
“En resumen, la propuesta establece un proceso formal para las denuncias de juicio político en Quintana Roo, que hasta ahora no existía en el estado, y se espera que tenga un impacto positivo en el combate a la corrupción y la impunidad, así como en la transparencia y el respeto a las garantías procesales de todas las partes involucradas”, explicó el diputado.