Un Tribunal Colegiado de Yucatán rechazó una apelación de la Presidencia de la República contra la ampliación de agravios del proyecto Tren Maya en el tramo 5.
Mérida (Marcrix Noticias)-En un fallo reciente, el Tribunal Colegiado de Yucatán declaró infundada una apelación presentada por la Presidencia de la República contra la ampliación de los agravios del Tren Maya en el tramo 5. La Consejería de la Presidencia había argumentado que las consecuencias de dicha ampliación comprometían la seguridad nacional, basándose en un decreto del Gobierno Federal que buscaba asegurar la ejecución de la obra sin contratiempos.
La apelación estaba relacionada con el juicio de amparo indirecto 884/2022, que está siendo resuelto en el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán. Este juicio fue promovido por buzos espeleólogos, incluyendo a José Urbina Bravo, fundador del colectivo Sélvame del Tren. Los quejosos argumentaron que los trabajos de desmonte para la obra del Tren Maya comenzaron sin los permisos necesarios en materia de impacto ambiental, específicamente a finales de febrero de 2022.
La remoción de vegetación en el área fue llevada a cabo por el consorcio Grupo México Acciona. En respuesta, los buzos espeleólogos presentaron una demanda de amparo solicitando la suspensión de las labores. En marzo de 2022, un juez federal de Yucatán otorgó la suspensión definitiva de las obras, deteniéndolas hasta junio de ese año.
El fallo del Tribunal Colegiado indica que la ampliación de los agravios presentados por los demandantes no representa un riesgo para la seguridad nacional, como argumentó la Presidencia. Esto permite que el juicio de amparo continúe su curso, abordando las preocupaciones ambientales y legales relacionadas con el tramo 5 del Tren Maya.
Este proyecto ha sido objeto de controversia desde su inicio, con múltiples demandas y protestas por parte de grupos ambientalistas y comunidades locales preocupadas por los impactos ecológicos y sociales. La reciente decisión del Tribunal refuerza la importancia de cumplir con los requisitos legales y ambientales en la ejecución de proyectos de infraestructura de gran escala.