Actualmente los inmuebles son ocupados por familias en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta
Playa del Carmen (Marcrix Noticias)- La Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya) se encuentra en el centro de un escándalo legal que ha sacudido a la comunidad de Playa del Carmen. Desde el pasado 5 de marzo, la Fiscalía General de la República ha asegurado al menos 500 predios pertenecientes a esta empresa, encargada de la regularización de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta en la mencionada localidad.
La medida de aseguramiento fue llevada a cabo por la Agencia Décimo Quinta Investigadora de la FGR, en respuesta a una solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación, Juan Manuel García Moreno. Los folios reales inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio habrían revelado presuntas irregularidades que llevaron a la FGR a tomar esta drástica medida.
A pesar del aseguramiento, las familias que ocupan actualmente estos predios en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta continúan habitándolos con normalidad, aunque los titulares no han logrado obtener la escrituración a su favor. La Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previsto en Leyes Especiales fue la encargada de solicitar el aseguramiento de los bienes, basándose en el expediente -QR/0000525/2024.
Este evento ocurre casi tres meses después de que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo llevara a cabo un cateo en la sede de Derimaya, tras una orden emitida por un juez de control de Solidaridad. La investigación se centra en una denuncia por presunto delito de administración fraudulenta.
Derimaya, una sociedad mercantil fundada en 1999, cuenta con la participación del 51% de acciones a favor del Gobierno del Estado y el 49% en poder de Ofelia González Witt, según registros de comercio consultados por este medio de comunicación. Su objetivo original era regularizar la situación de las familias en la colonia Colosio mediante contratos de compraventa y escrituración de terrenos.
A pesar de los intentos de la administración por ampararse ante posibles detenciones, los jueces federales hasta el momento han rechazado otorgarles alguna medida de protección. El caso sigue desarrollándose mientras la comunidad y las autoridades observan con atención el desenlace de esta trama legal que ha sacudido la tranquilidad de Playa del Carmen.